Convocatorias de acreedores en juzgados del interior exponen vacíos de la Ley de Quiebras, según cooperativas
Desde el sector cooperativo advierten que la actual Ley de Quiebras deja espacios que pueden ser aprovechados en convocatorias de acreedores tramitados principalmente en juzgados del interior del país, lo que dificulta la recuperación créditos de cooperativas y otras entidades financieras. Por ello, plantean cambios para reforzar controles y dar mayor seguridad jurídica.
El uso de la figura de convocatoria de acreedores en determinados juzgados del interior de la República genera preocupación en el sector cooperativo, que advierte sobre dificultades para recuperar créditos y cuestiona algunos vacíos en la actual Ley 154/1969 de Quiebras.
Lorenzo Barreto, presidente de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP), señaló a Agenda Legal que el problema afecta no solo a las cooperativas, sino también a otras entidades de intermediación financiera.
Según explicó Barreto, la actual Ley de Quiebras permite que personas con un nivel importante de endeudamiento soliciten una convocatoria declarando que ya no cuentan con patrimonio suficiente para afrontar sus obligaciones. Una vez decretada, se generan consecuencias sobre los mecanismos de cobro de los acreedores.
El dirigente sostuvo que esta situación estaría siendo aprovechada en determinados casos y que existen indicios que generan preocupación dentro del sector. Por ello, iniciaron un pedido de reforma de la ley ante la Cámara de Senadores. Actualmente, existe un estudio de anteproyecto en la Comisión Bicameral.
Uno de los aspectos que más inquieta a las cooperativas es el tratamiento de las convocatorias en el caso de trabajadores dependientes, particularmente policías y militares. Barreto precisó que existen personas que contraen deudas importantes, posteriormente solicitan la convocatoria y, una vez decretada, dejan de estar sujetos a los descuentos sobre sus salarios que permitían a las entidades acreedoras recuperar los créditos.
“Hoy como está la ley es muy vulnerable”, afirmó Barreto, quien sostuvo que varios profesionales del derecho, en algunos casos con la participación de jueces del interior, estarían aprovechando las debilidades del régimen actual. Aclaró que el sector no cuenta con elementos suficientes para afirmar que exista una organización detrás de estos casos, pero señaló que determinados patrones generan sospechas.
Uno de los datos mencionados por el presidente de Conpacoop es la existencia de casos en los que se habrían presentado más de 1.000 convocatorias ante un mismo juzgado. Para el sector, una concentración de esta magnitud constituye una señal que debería ser analizada por las autoridades y demuestra la necesidad de establecer reglas más precisas para estos procesos.
¿Qué se busca modificar?
Frente a esta situación, las cooperativas impulsan cambios puntuales a la Ley de Quiebras. Barreto indicó que no se trata de una modificación extensa, sino de incorporar algunos mecanismos de control que permitan determinar con mayor rigor cuándo corresponde admitir una convocatoria.
Uno de los planteamientos es que, antes de aceptar la convocatoria, el expediente sea derivado al síndico para que analice su factibilidad. La intención es incorporar una evaluación técnica que permita determinar si realmente existen las condiciones que justifican el procedimiento.
También se plantea mejorar la comunicación a los acreedores. Barreto cuestionó que actualmente puedan darse situaciones en las que, mediante una comunicación en medios de prensa, se considere que el proceso ya está en marcha sin que los acreedores tengan una participación adecuada desde el inicio.
Para el sector, garantizar que quienes tienen créditos contra el convocante conozcan formalmente el proceso resulta fundamental para ejercer sus derechos.
Otro punto señalado es el lugar donde debe tramitarse la convocatoria. Barreto expuso que la normativa no establece con suficiente claridad que el procedimiento deba realizarse en el lugar correspondiente al domicilio del convocante.
Esta falta de precisión, a su criterio, permite que determinados casos sean llevados a ciudades del interior, donde el sector considera que existen mayores vulnerabilidades en la gestión de los procesos judiciales. “Todo eso es lo que estamos pidiendo hoy, que se introduzca dentro de la ley para que tengamos reglas claras”, aseveró.
La preocupación también tiene una dimensión económica. El empresario detalló que una de las organizaciones cooperativas habría sufrido un perjuicio superior a G. 20.000 millones como consecuencia de este tipo de situaciones, mientras que otras entidades también registraron impactos importantes.
Aunque el planteamiento parte del sector cooperativo, Barreto remarcó que el problema alcanza a las organizaciones de intermediación financiera en general. Según indicó, existen estadísticas que muestran que otras entidades financieras también enfrentan dificultades derivadas de este tipo de procedimientos.