Cesión de créditos por USD 300 millones avanza para farmacéuticas, mientras constructoras insisten en un plan de pagos
El Gobierno busca avanzar con una cesión de créditos por USD 300 millones para reducir parte de la deuda con proveedores de Salud. La iniciativa genera expectativas entre las farmacéuticas, mientras que las empresas constructoras mantienen reparos por el impacto financiero que podría tener el mecanismo.
La cesión de créditos por USD 300 millones para proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) podría definirse la próxima semana, según comentó a Agenda Legal el presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), Luis Ávila, quien aseguró que las conversaciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y y la cartera de Salud se encuentran en su etapa final.
La operación forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la deuda que mantiene con las farmacéuticas que proveen al Estado, mientras el Congreso analiza el proyecto de ampliación presupuestaria que busca dotar de recursos al Estado para cancelar estas obligaciones.
Actualmente, el pasivo con las empresas farmacéuticas ronda los USD 1.000 millones, según datos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Senado decidió postergar por 15 días el tratamiento del proyecto de ley -necesaria para realizar la operación- y solicitó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía un detalle de las acreencias antes de emitir un dictamen.
La cesión de créditos permitiría que entidades financieras adelanten el pago a las empresas, adquiriendo el derecho de cobro frente al Estado. De esa forma, los proveedores obtienen liquidez sin esperar los plazos de pago del sector público.
Construcción
Aunque el mecanismo avanza para las farmacéuticas, el sector de la construcción mantiene una posición distinta.
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), José Luis Heisecke, señaló a Agenda Legal que la cesión de créditos no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que traslada al sector privado el costo financiero de una obligación que corresponde al Estado.
Desde el gremio sostienen que las empresas deben aceptar descuentos sobre el valor de sus créditos para acceder a liquidez, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales. Por ello, consideran que la respuesta debe pasar por un esquema de pagos que otorgue previsibilidad y permita cumplir las obligaciones asumidas por el Estado.
Acerca del monto de la deuda, expuso que se trata de una cifra dinámica, que varía permanentemente. Aclaró que cada desembolso realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas reduce el saldo pendiente, mientras que los intereses generados por las demoras en los pagos hacen que la deuda vuelva a incrementarse.
“Por ello, no existe un monto fijo, sino un saldo que se modifica de manera continua en función de la evolución de los pagos y de las obligaciones pendientes”, mencionó.
Heisecke agregó que, si bien los desembolsos realizados este año aliviaron parcialmente la situación del sector, todavía existen empresas con dificultades financieras debido a la deuda acumulada. Esta situación afectó la cadena de pagos, retrasó obras y obligó a algunas compañías a reducir costos para mantenerse operativas.
“La recuperación del sector depende de que se complete el proceso de regularización de la deuda pendiente. Una solución integral permitirá fortalecer nuevamente la cadena de valor de la construcción, proteger el empleo y garantizar la continuidad de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del país”, expresó.