CAVIALPA espera reducir la deuda estatal a USD 90 millones y cuestiona el costo de los CDC

La deuda que mantiene el Estado paraguayo con las empresas constructoras viales registra una reducción importante, aunque todavía representa una presión sobre la situación financiera del sector. Según el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), Paul Sarubbi, las obligaciones pendientes se encuentran actualmente entre USD 130 y 150 millones, frente a los aproximadamente USD 250 millones que llegaron a acumularse.

En conversación con Agenda Legal, el titular del gremio señaló que los pagos realizados en los últimos meses permitieron descomprimir parcialmente la situación y generar mayor previsibilidad para las empresas. La expectativa es que, de mantenerse este proceso, el saldo pendiente pueda reducirse a entre USD 90 y 100 millones al cierre de 2026.

"El problema no está del todo solucionado porque las empresas siguen con problemas económico-financieros, pero ya con una previsibilidad y con la expectativa de que se vaya reduciendo esa deuda de aquí a fin de año", explicó Sarubbi.

El dirigente indicó que los intereses vinculados con las obligaciones pendientes se fueron abordando de manera independiente, lo que también contribuyó a mejorar las perspectivas del sector.

Los CDC no ofrecen una solución viable para las constructoras

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el funcionamiento de los Certificados Negociables de Derechos de Cobro (CDC), una herramienta destinada a facilitar la negociación de los derechos de cobro que mantienen los proveedores del Estado.

Consultado sobre la incidencia de este mecanismo en la reducción de la deuda, Sarubbi aclaró que la descompresión respondió principalmente a los pagos que se fueron realizando mensualmente, y no a la utilización de los certificados.

Según explicó, el esquema finalmente aprobado presenta una limitación importante para las constructoras: el costo financiero asociado a su utilización debe ser asumido por las propias empresas.

"Al final ese sistema de descuentos no funciona como se terminó aprobando porque el costo de la utilización de la herramienta tiene que asumir la empresa y para los márgenes que manejamos es inviable", afirmó.

De esta manera, el gremio considera que el mecanismo no ofrece una alternativa económicamente conveniente para las constructoras, cuyos márgenes dificultan absorber nuevos costos financieros asociados al cobro de obligaciones del Estado.

La posición de CAVIALPA vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de los instrumentos de financiamiento de la deuda pública con proveedores: permitir que las empresas accedan anticipadamente a los recursos pendientes sin trasladarles una carga financiera que comprometa su rentabilidad.

El presupuesto 2027

Más allá de los pagos correspondientes a obligaciones anteriores, CAVIALPA también mantiene conversaciones con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional sobre las asignaciones previstas para el próximo ejercicio fiscal.

Sarubbi explicó que el gremio está trabajando con ambas instituciones en el análisis del Presupuesto General de la Nación para 2027, particularmente en lo relacionado con las obras que ya se encuentran en ejecución.

La preocupación del sector no se limita, por tanto, a cancelar las deudas acumuladas, sino también a garantizar la disponibilidad de recursos para sostener los proyectos en marcha y evitar nuevas dificultades de financiamiento.

Inversión privada como alternativa ante las restricciones fiscales

El presidente de CAVIALPA también se refirió a las limitaciones que enfrenta el Estado para continuar financiando obras de infraestructura mediante los mecanismos tradicionales de contratación pública.

A su criterio, Paraguay mantiene una brecha importante de infraestructura que limita su potencial de crecimiento económico, tanto en materia de conectividad vial como de logística, energía, industrialización y servicios básicos.

Como ejemplo, mencionó la Ruta Bioceánica, cuyo aprovechamiento económico requiere inversiones complementarias en caminos, viviendas, agua, saneamiento y otras condiciones necesarias para el establecimiento de actividades productivas.

En este contexto, sostuvo que resulta fundamental diferenciar el gasto corriente de las inversiones públicas al momento de discutir las restricciones presupuestarias.

"La verdadera responsabilidad fiscal tiene que venir por cómo yo utilizo ese dinero", expresó.

Sarubbi argumentó que un déficit destinado a infraestructura puede generar retornos económicos y mayores oportunidades de desarrollo en el mediano y largo plazo, a diferencia de los gastos corrientes, que no necesariamente producen ese efecto.

Por otra parte, consideró necesario fortalecer la capacidad institucional del Estado para estructurar proyectos mediante concesiones, alianzas público-privadas (APP) y contratos llave en mano, como mecanismos que permitan complementar la inversión pública.

El dirigente aseguró que las empresas del sector tienen capacidad para participar en proyectos respaldados por capital privado y que el grado de inversión alcanzado por Paraguay ha despertado el interés de fondos y organismos internacionales.

"Hay que identificar proyectos, desarrollarlos, y el financiamiento va a existir", sostuvo.

CAVIALPA presentó su sexto foro de infraestructura

Las declaraciones de Sarubbi se produjeron en el contexto del lanzamiento oficial del 6.º Foro & Exposición CAVIALPA 2026, realizado el miércoles 7 de octubre.

El encuentro se desarrollará el próximo 20 de octubre, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, bajo el lema Infraestructura que transforma vidas.

La actividad reunirá a representantes del sector público, empresas constructoras, organismos multilaterales y especialistas para debatir sobre las necesidades de infraestructura y los mecanismos de financiamiento que permitan sostener las inversiones.

Entre los participantes anunciados se encuentran el presidente de la República, Santiago Peña, y el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien compartirá la experiencia de su país en materia de modernización logística y participación privada en proyectos de infraestructura.

El foro tendrá lugar en un escenario marcado por las restricciones fiscales, las necesidades de inversión y el desafío de garantizar condiciones financieras sostenibles para las empresas que ejecutan obras públicas.