Caso ATOME: ¿qué implica un arbitraje internacional y qué está en juego para Paraguay?

Paraguay ya conoce las consecuencias económicas que pueden tener las controversias internacionales con inversores extranjeros. En 2014, el Estado autorizó el desembolso de USD 62,5 millones para resolver conflictos con dos empresas que habían recurrido al arbitraje internacional tras disputas relacionadas con sus contratos de inspección de mercaderías.

Más de una década después, el anuncio de la británica ATOME PLC sobre su intención de recurrir al arbitraje internacional vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende el conflicto particular: ¿qué ocurre cuando un inversor extranjero considera que el Estado incumplió sus compromisos y decide reclamar fuera de los tribunales nacionales?

Aunque el caso ATOME todavía se encuentra en una etapa previa a una eventual demanda formal, la controversia permite examinar los mecanismos de defensa disponibles para Paraguay, los costos potenciales de estos procedimientos y sus implicancias para la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.

¿Qué implica un arbitraje internacional?

El arbitraje internacional permite resolver controversias fuera de los tribunales ordinarios mediante árbitros que analizan los argumentos y las pruebas de las partes. Cuando el conflicto enfrenta a un inversor extranjero con un Estado, el procedimiento puede sustentarse en un tratado bilateral de inversión o en un contrato que habilite esa vía.

Sin embargo, la existencia de un desacuerdo no basta para iniciar un arbitraje, ya que deben cumplirse los requisitos jurídicos establecidos en el instrumento aplicable.

No existe un único tribunal para todas las controversias. Una de las principales vías para resolver disputas entre inversores extranjeros y Estados es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Grupo Banco Mundial. También pueden utilizarse las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), entre otros mecanismos, según la base jurídica de cada caso.

En la controversia entre el Estado paraguayo y ATOME PLC, la empresa británica anunció su intención de recurrir al CIADI fundamentándose en el tratado bilateral de inversión entre Reino Unido y Paraguay. El 17 de septiembre de 2026 notificó al Estado su intención de someter una reclamación a arbitraje.

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Ese aviso no equivale a una demanda formal, sino que abre un periodo de tres meses para intentar llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo y la compañía decide continuar, deberá presentar la solicitud correspondiente y acreditar que se cumplen las condiciones para que el tribunal pueda intervenir.

¿Cómo debe prepararse el Estado?

Carlos Filártiga Lacroix, abogado, árbitro y exdirector ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay, conversó con Agenda Legal sobre el funcionamiento de estos procedimientos. Señaló que el arbitraje de inversiones tiene reglas específicas y no debe confundirse con el arbitraje comercial convencional.

Mientras este último permite resolver controversias entre partes mediante árbitros, el primero exige analizar también las obligaciones de protección asumidas por el Estado frente a los inversores extranjeros.

Filártiga advirtió que afrontar estos procedimientos sin asesoramiento jurídico especializado y permanente expone al Estado a riesgos procesales. Los plazos pueden ser estrictos, por lo que se requieren respuestas oportunas, conocimiento de las reglas aplicables y una estrategia sustentada en documentos y pruebas. No basta con afirmar que la empresa incumplió sus obligaciones: “Paraguay debe demostrarlo”.

Respecto a ATOME, el abogado sostuvo que no es posible anticipar si el reclamo prosperará. La posición paraguaya sería que existieron incumplimientos de ambas partes, pero la empresa puede presentar una interpretación diferente. Si la controversia llega al tribunal, los árbitros deberán examinar los antecedentes y determinar si corresponde atribuir una responsabilidad al Estado.

Uno de los puntos centrales será establecer qué expectativas pudo generar el Gobierno mediante los decretos vinculados con el suministro eléctrico. Si ATOME avanzó con los preparativos de su proyecto confiando en condiciones oficiales que posteriormente fueron derogadas, podría alegar que esa decisión le ocasionó un perjuicio económico.

Sin embargo, la derogación de una norma no demuestra por sí sola la existencia de responsabilidad internacional. La decisión dependerá de las obligaciones aplicables, las circunstancias del caso y las pruebas presentadas.

Filártiga también diferenció el valor total del proyecto de los daños que eventualmente podrían reclamarse. La inversión prevista para la planta de fertilizantes en Villeta ronda los USD 665 millones, pero esa cifra no representa automáticamente el derecho a una indemnización. Un reclamo por los gastos preparatorios tendría un alcance distinto al que pretenda recuperar el valor total de una inversión que todavía no entró en funcionamiento.

Antecedentes y costo económico

Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda, recordó en conversación con Agenda Legal los casos de SGS y Bureau Veritas (BIVAC), dos empresas que tenían contratos para inspeccionar mercaderías en origen antes de su ingreso a Paraguay, en el período comprendido entre 1999 y 2000. Ambas controversias llegaron al CIADI y constituyen antecedentes relevantes para dimensionar las consecuencias económicas de las disputas entre inversores extranjeros y el Estado.

El caso de SGS tuvo un laudo arbitral y, posteriormente, Paraguay solicitó su anulación. Ese pedido fue rechazado en mayo de 2014. En el caso de BIVAC, el procedimiento concluyó en agosto de ese año, luego de que las partes solicitaran darlo por terminado tras alcanzar un acuerdo.

Ferreira recordó que los reclamos de ambas empresas rondaban los USD 160 millones en conjunto y que, durante su gestión en Hacienda, en 2013, el Gobierno negoció una salida. La Ley N.º 5248 autorizó un desembolso total de USD 62,5 millones por los acuerdos con SGS y BIVAC.

El economista sostuvo que estas controversias no solo pueden comprometer recursos públicos, sino también afectar la imagen del país ante potenciales inversores. A su criterio, cuando las decisiones estatales generan la percepción de que Paraguay no mantiene los compromisos asumidos, puede resentirse la confianza necesaria para atraer proyectos que requieren grandes desembolsos y condiciones previsibles durante varios años.

En relación con ATOME, consideró que Paraguay podría enfrentar una situación similar si no logra resolver las diferencias con la empresa. El desenlace dependerá de la evolución de las negociaciones y de los argumentos que cada parte pueda sostener. Un acuerdo puede evitar que la controversia se prolongue durante años, aunque sus condiciones también pueden representar un costo para las finanzas públicas.

Cronología del caso

El conflicto comenzó el 3 de mayo de 2022, cuando la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y ATOME Paraguay firmaron un contrato de conexión y suministro eléctrico por 60 megavatios (MW) para una planta de hidrógeno verde y amoníaco en Villeta.

En julio de 2024, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó sobre un acuerdo entre ATOME y YaraBela para producir y comercializar fertilizantes de bajas emisiones, con una inversión prevista de USD 500 millones.

Entre enero y abril de 2026, el Poder Ejecutivo promulgó los decretos 5306, 5307, 5860 y 5861, vinculados con condiciones especiales para industrias de alto consumo eléctrico. ATOME sostuvo que estas disposiciones respaldaban una tarifa de largo plazo y un suministro de 145 MW, necesarios para financiar el proyecto.

Sin embargo, el 9 de junio de 2026 el Gobierno derogó los cuatro decretos, alegando la necesidad de preservar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Días después, el 26 de junio, la ANDE rechazó las modificaciones contractuales solicitadas por la empresa.

El 17 de septiembre de 2026, ATOME notificó al Estado paraguayo su intención de someter una reclamación a arbitraje internacional y abrió un período de tres meses para buscar una solución amistosa. El 1 de octubre, la compañía anunció la terminación del contrato de suministro eléctrico firmado en 2022, que se hará efectiva a finales de este año. La planta proyectada en Villeta todavía no había iniciado sus operaciones.