Paraguay ante la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT: una perspectiva desde los sujetos obligados

Paraguay se aproxima a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT con un antecedente que conviene recordar sin nostalgia ni triunfalismo. En la cuarta ronda, cuyo informe fue aprobado en julio de 2022, el país obtuvo una calificación sustancial, nueve moderadas y una baja en efectividad, luego de una reforma legislativa intensa que mejoró notoriamente su cumplimiento técnico. Evitó la lista gris, pero quedó bajo seguimiento intensificado. La nueva ronda llega con una metodología revisada que pone el acento en la efectividad, el enfoque basado en riesgos, la transparencia del beneficiario final, el recupero de activos y la coherencia entre lo que se declara y lo que efectivamente ocurre. Este artículo propone mirar ese desafío desde el lugar de los sujetos obligados, que son quienes, en definitiva, convierten la norma en práctica. Se repasa el estado del sistema preventivo por sectores (bancos, aseguradoras, cooperativas, APNFD, proveedores de servicios de activos virtuales y organizaciones sin fines de lucro), reconociendo los avances de la SEPRELAD y de los supervisores, y señalando las asimetrías que persisten. Se hace referencia, además, a la coyuntura reciente de pedidos de informes del Senado al Banco Central sobre el sector bancario, como recordatorio de que la confianza es el verdadero activo del sistema. La conclusión es sencilla: la evaluación no se aprueba en la semana de la visita in situ, sino en los años previos, en cada debida diligencia bien hecha.

Introducción

Hay exámenes que se rinden una vez y se olvidan. Otros, en cambio, se rinden siempre. La evaluación mutua del GAFILAT pertenece a esta segunda especie: llega con fecha cierta, pero se prepara todos los días, y su resultado no se escribe en la semana de la visita, sino en los años que la preceden.

Paraguay forma parte del grupo de países que, a partir de 2026, ingresan al ciclo de la quinta ronda. Las autoridades ya lo saben, y lo demuestran: en abril de este año, la SEPRELAD convocó al Taller Nacional de Implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo, precisamente con ese horizonte. Pero la pregunta que me interesa no es qué hará el Estado, sino qué haremos quienes, desde el sector privado, sostenemos la parte más silenciosa del sistema.

Porque el evaluador, cuando llega, no solo lee leyes. También se sienta frente a oficiales de cumplimiento y representantes de los distintos sectores, y escucha cómo entienden sus riesgos y qué hacen con ellos. Y es allí, en ese diálogo, donde los sujetos obligados dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas.

¿Cómo venimos de la cuarta ronda?

Venimos de un examen aprobado, pero no de un examen sobresaliente. Y es importante decirlo así, con serenidad, porque la memoria colectiva suele quedarse con el titular y olvidar la letra chica.

El Informe de Evaluación Mutua de Paraguay fue aprobado el 28 de julio de 2022, en el XLV Pleno de Representantes del GAFILAT celebrado en Quito, y abarcó el desempeño del país entre 2015 y 2021. En efectividad, el resultado fue una calificación sustancial, en cooperación internacional; nueve moderadas, entre ellas supervisión, medidas preventivas y transparencia de personas y estructuras jurídicas; y una baja, en investigación, procesamiento y condena por lavado de activos.

No es un mal resultado. Tampoco es uno para celebrar demasiado. Nueve moderados significan, en el lenguaje del GAFI, que hay un sistema que funciona, pero que necesita mejoras importantes. Significan que tenemos los cimientos, pero que la casa aún no está terminada.

El gran mérito de aquel proceso fue legislativo. En muy poco tiempo, el Congreso sancionó un paquete de leyes que alinearon el marco normativo con las Recomendaciones del GAFI: beneficiario final, decomiso, sanciones financieras dirigidas, fortalecimiento de la SEPRELAD, entre otras. El cumplimiento técnico mejoró notoriamente, y eso permitió que el país evitara la lista gris, un lugar que conoció entre 2008 y 2012 y al que nadie quiere volver.

Pero esa velocidad tuvo su contracara. Muchas normas nacieron casi al mismo tiempo que la visita in situ, y por eso no hubo tiempo de demostrar que funcionaban. El resultado fue un país con buenas leyes y efectividad moderada, que quedó bajo seguimiento intensificado. Desde entonces, el trabajo ha sido, en buena medida, el de llenar esa brecha entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la realidad.

¿Qué y cómo se evaluará en la quinta ronda?

La cuarta ronda preguntó si teníamos normas y qué tan efectivas eran. La quinta pondrá mucho más énfasis en esa efectividad. Esa es, en una frase, la diferencia.

La nueva metodología del GAFI mantiene la doble mirada de cumplimiento técnico y efectividad, pero desplaza el peso decididamente hacia la segunda. El evaluador ya no se conformará con constatar que una obligación existe; querrá ver casos, estadísticas, sanciones aplicadas, reportes que derivaron en investigaciones y bienes que efectivamente fueron recuperados. Querrá, en suma, pruebas de vida.

Hay algunos ejes que merecen especial atención desde la perspectiva de los sujetos obligados.

• Comprensión del riesgo. No bastará con tener una matriz. Habrá que demostrar que la entidad entiende sus propios riesgos, que estos dialogan con la Evaluación Nacional de Riesgos y que las medidas son proporcionales. Una matriz copiada es, a los ojos del evaluador, peor que ninguna, porque revela que el ejercicio fue formal y no real.

• Beneficiario final. Las Recomendaciones 24 y 25 fueron reforzadas. La pregunta ya no es si se pide la información, sino si es adecuada, precisa y actualizada, y si el sujeto obligado la contrasta con fuentes independientes.

• Recupero de activos. El GAFI ha puesto al decomiso en el centro de su agenda. Los sujetos obligados no decomisan, pero sí alimentan, con sus reportes, el circuito que lo hace posible.

• Proporcionalidad. La revisión de la Recomendación 8 exige un enfoque basado en riesgos para las organizaciones sin fines de lucro, que evite tanto el descuido como la sobrerregulación. También se mirará si el sistema no genera exclusión financiera innecesaria.

• Activos virtuales. La Recomendación 15 dejó de ser una novedad. Se evaluará si los PSAV están identificados, registrados y supervisados, y si los demás sujetos obligados gestionan su exposición a ellos.

En cuanto al cómo, el proceso seguirá su ritmo conocido: cuestionarios, informes de actualización, visita in situ y entrevistas con autoridades y sector privado. Pero el ciclo será más corto y el seguimiento posterior, más exigente, centrado en acciones recomendadas prioritarias. El examen, en otras palabras, nunca termina del todo.

¿Cómo está el sistema preventivo actualmente?

El sistema preventivo paraguayo no es uno solo. Es un archipiélago, con islas de distinto tamaño, distinta madurez y distinta cercanía al continente regulatorio. Y como todo archipiélago, su fortaleza depende menos de su isla más grande que de los puentes entre ellas.

Conviene, antes de recorrerlo, reconocer algo. La SEPRELAD y los supervisores sectoriales han hecho, en estos años, un trabajo considerable con recursos que nunca sobran: nuevas reglamentaciones, guías, capacitaciones, supervisiones y un esfuerzo visible de coordinación. Lo que sigue no es un reproche, sino un diagnóstico compartido.

Bancos y financieras

Es el sector más maduro, y no es casualidad. La supervisión de la Superintendencia de Bancos es antigua y especializada, los grupos internacionales imponen sus estándares y los bancos corresponsales exigen pruebas de buen comportamiento. Aquí el desafío ya no es tener un sistema, sino que este sea inteligente: monitoreo que detecte lo relevante y no solo lo numeroso, reportes de operaciones sospechosas de calidad antes que de cantidad, y un conocimiento del cliente que vaya más allá del formulario.

No puedo dejar de mencionar la coyuntura. En septiembre, el Senado aprobó pedidos de informes al Banco Central sobre la actuación de la Superintendencia de Bancos respecto de varias entidades. El BCP respondió dentro del plazo legal y bajo reserva, como corresponde al secreto bancario. No es mi intención anticipar conclusiones, ni corresponde hacerlo: las consultas se refieren, en buena medida, a cuestiones prudenciales, y las instituciones están actuando por los cauces previstos. Pero el episodio deja una lección que trasciende el caso: la confianza en el sistema financiero es un activo que tarda años en construirse y días en ponerse en duda. Un evaluador también lee los diarios. Y lo que verá allí, si el proceso sigue su curso con transparencia, es que las instituciones de control funcionan.

Aseguradoras, valores y cooperativas

Las aseguradoras han avanzado, especialmente en la actualización de manuales y matrices. Su riesgo es menor que el bancario, pero no inexistente: los seguros de vida con componente de ahorro, los rescates anticipados y las primas pagadas por terceros siguen siendo tipologías clásicas. El mercado de valores, por su parte, crece, y con él crece la necesidad de que las casas de bolsa y administradoras de fondos traten la debida diligencia como parte del negocio y no como su obstáculo.

Las cooperativas merecen una mención aparte. Son un actor de enorme peso social y financiero, muy heterogéneo, donde conviven entidades de primer nivel con otras que recién empiezan a entender qué se espera de ellas. Allí, la capacitación no es un lujo, sino una necesidad.

APNFD

Aquí está la isla más alejada. Inmobiliarias, desarrolladoras, joyerías, comercializadoras de vehículos, escribanías y otros sujetos obligados no financieros han sido incorporados al sistema, pero muchos lo viven todavía como una carga ajena a su actividad. El sector inmobiliario es, quizás, el caso más sensible, por el uso del efectivo y por la facilidad con la que un inmueble guarda valor sin hacer preguntas. La quinta ronda mirará aquí con lupa, porque es donde los sistemas suelen mostrar sus fisuras.

PSAV

Los proveedores de servicios de activos virtuales son el sector más joven y, por eso mismo, el más incierto. El marco existe, pero el mercado es incipiente y en parte opera desde fuera del país. El reto no será solo supervisar a los registrados, sino identificar a quienes operan sin estarlo, y que los bancos y demás sujetos obligados sepan reconocer cuándo sus clientes están expuestos a este riesgo.

OSFL

Finalmente, las organizaciones sin fines de lucro. Aquí el mensaje del GAFI es claro y, me atrevo a decir, justo: no todas son riesgosas, y tratarlas a todas como sospechosas es tan erróneo como ignorarlas. En Paraguay, además, hay un matiz que conviene subrayar: la Recomendación 8 fue pensada para el financiamiento del terrorismo, pero el riesgo que presentan nuestras OSFL es, sobre todo, de lavado de activos, por su posible uso como pantalla para canalizar fondos de origen ilícito o disimular su destino. El desafío es mirarlas con ese lente, identificar a las realmente expuestas y aplicar allí medidas focalizadas, sin asfixiar a quienes hacen un trabajo social valioso.

Reflexiones finales

La quinta ronda no se aprueba con leyes nuevas. Esa carta ya la jugamos. Se aprueba con evidencia, y la evidencia se produce, día tras día, en cada legajo completo, en cada alerta analizada con criterio y en cada reporte que llega a tiempo.

Por eso, la pregunta que cada sujeto obligado debería hacerse no es si está preparado para la visita, sino si podría mostrar, hoy mismo, que su sistema funciona. Si la respuesta es sí, la evaluación será apenas una fotografía (en la que saldremos bien). Si no lo es, todavía hay tiempo. Poco, pero hay.