ATOME abre la vía a un posible arbitraje con Paraguay: “Necesitamos una tarifa competitiva y previsible”
La empresa británica activó el mecanismo previo a un posible arbitraje contra Paraguay, pero afirma que todavía busca un acuerdo. El punto central es garantizar un suministro de energía con precio y plazo previsibles para sostener la inversión.
La firma ATOME, mediante un comunicado, informó este jueves que notificó a Paraguay un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje, en el marco del Tratado Bilateral de Inversión entre Reino Unido y Paraguay, debido al cambio de las condiciones energéticas sobre las que estructuró su proyecto de fertilizantes en Villeta.
La empresa aclaró que esta comunicación no significa todavía el inicio de un arbitraje y que se abre un período de consultas de tres meses para intentar alcanzar un acuerdo.
En comunicación con Agenda Legal, directivos de ATOME PLC, explicaron qué se necesita para destrabar el proyecto. Lo primordial es la previsibilidad en el suministro de energía, tanto en precio como en plazo, porque la electricidad representa uno de los principales costos de producción de la planta.
El proyecto contempla construir una planta de fertilizantes de bajas emisiones de carbono cuya inversión anunciada alcanza los USD 665 millones. ATOME sostiene que esto se desarrolló durante varios años sobre la base de determinadas condiciones regulatorias y energéticas, y que ya había comprometido capital, conseguido financiamiento internacional y asumido obligaciones contractuales para llevarlo adelante.
Uno de los puntos fundamentales era el suministro de electricidad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En enero de 2026, los Decretos 5306 y 5307 establecieron condiciones tarifarias para industrias de alta demanda energética. Sobre esa base, ATOME y ANDE avanzaron en un nuevo contrato de compraventa de energía, conocido como PPA, con condiciones vinculadas al precio y al período de financiamiento del proyecto.
Pero en junio, el Gobierno dejó sin efecto esos decretos y otras disposiciones relacionadas con las denominadas industrias convergentes. Para ATOME, el cambio eliminó una condición esencial sobre la que había estructurado la viabilidad económica y financiera de Villeta.
Por eso, la discusión no se limita a cuánto pagará ATOME por la electricidad. La empresa expone que las condiciones que sustentaban su decisión de invertir cambiaron después de que ya había destinado recursos y asegurado compromisos financieros. En su aviso, plantea que esas actuaciones y omisiones de Paraguay podrían constituir una violación de las obligaciones asumidas bajo el tratado de inversión.
¿Qué busca ATOME?
Durante los últimos meses, la compañía presentó distintas alternativas al Gobierno. Según comentaron a Agenda Legal, el objetivo no es solamente obtener una tarifa determinada, sino contar con un precio competitivo y certeza sobre cómo evolucionará el costo de la energía durante toda la operación del proyecto.
Esa previsibilidad es la que, según la empresa, permitiría mantener la viabilidad financiera de una inversión de largo plazo.
El componente económico de la disputa también está siendo analizado. ATOME contó a AL que sus asesores legales y un experto internacional independiente en daños están evaluando las inversiones y compromisos asumidos y el impacto sobre el valor del proyecto. La empresa informó que su evaluación preliminar alcanza una suma de nueve cifras, aunque todavía no existe un monto definitivo.
En el comunicado, ATOME calificó la eventual reclamación como “muy sustancial” y señaló que podría ubicarse en el orden de cientos de millones de dólares. También sostuvo que, de presentarse, podría convertirse en una de las mayores reclamaciones iniciadas contra Paraguay bajo un tratado bilateral de inversión. Ese monto corresponde a la evaluación de la empresa y no constituye actualmente una deuda reconocida por el Estado paraguayo.
Por el momento, ATOME todavía busca una salida negociada. La compañía dijo a AL que para evitar el arbitraje las partes deberían acordar una solución que permita restablecer las condiciones necesarias para que Villeta avance y conserve su financiamiento.
El aviso activa precisamente el período de consultas previsto en el tratado. Si durante esos tres meses no se alcanza un acuerdo, ATOME podría avanzar hacia una reclamación arbitral. En ese escenario, la discusión pasaría a un tribunal internacional, que tendría que analizar los argumentos de ambas partes y determinar si existió una violación del tratado y, eventualmente, si corresponde una compensación.