Ley Luis Alberto del Paraná: un peaje más sobre el streaming, con nombre de homenaje
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El pasado 27 de octubre de 2026 ingresó a la Cámara de Diputados de Paraguay un proyecto de ley que lleva el nombre de “Luis Alberto del Paraná” y que, invocando el centenario de su nacimiento, pretende modificar los artículos 2°, 27 y 123 de la Ley N° 1328/98 “de Derecho de Autor y Derechos Conexos” para imponer a las plataformas digitales de streaming el pago de una nueva remuneración a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes musicales.
Detrás del homenaje hay una operación bastante más prosaica, que consiste en crear por ley un pago obligatorio y entregar su cobro, sin alternativa posible, a una única entidad de gestión colectiva, la proponente, AIE Paraguay (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Paraguay).
El desacuerdo que planteo con esta iniciativa empieza por su origen, porque no es nueva ni nació en el Congreso Nacional, sino que fue en esencia redactada por AIE Paraguay y presentada formalmente por algunos Diputados Nacionales. Entre 2022 y 2023 circuló en Diputados un proyecto que también modificaba el artículo 123 y que fijaba un canon del diez por ciento a cargo de Spotify, YouTube y servicios similares, y fue el propio Director General de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) quien aclaró entonces que el texto no provenía de esa institución sino de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay). Aquel intento recibió la oposición pública de la autoridad de aplicación y dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados de Paraguay.
Dos días después del ingreso del expediente, AIE Paraguay publicó en sus redes sociales un contenido con el retrato de Luis Alberto del Paraná y la frase “Por eso impulsamos el Proyecto de Ley Luis Alberto del Paraná” . Quien impulsa la ley es también quien cobraría en virtud de ella, ya que el derecho “será ejercido por la entidad de gestión colectiva que represente a los artistas intérpretes o ejecutantes”, en singular, y en Paraguay esa descripción tiene un solo destinatario posible, lo cual desde el punto de vista del potencial conflicto de intereses y afectación a derechos constitucionales como el de libre asociación de los titulares de derechos, resulta cuestionable.
El diseño normativo del derecho confirma esa lectura porque la remuneración sería irrenunciable e inalienable y su ejercicio quedaría reservado a la entidad de gestión AIE Paraguay, de modo que el artista no podría cobrarla por sí mismo, negociarla ni confiarla a otro mandatario. Se le reconoce un derecho que solo puede existir en manos de un tercero, lo que resulta difícil de conciliar con la libertad de asociación y con la libre concurrencia que la Constitución de la República del Paraguay garantiza.
Para el músico independiente que hoy sube sus propias grabaciones y cobra directamente de la plataforma, la novedad consistiría en que una parte de ese dinero pase antes por una entidad que descuenta sus gastos de administración y hasta un diez por ciento adicional para fines sociales, tal como la ley le permite actualmente. El proyecto ni siquiera dice cuánto se paga, sobre qué base o quién exactamente debe pagar, y remite todo lo pendiente pero verdaderamente significativo a un decreto que el Poder Ejecutivo debería dictar en noventa días a propuesta de un “ente rector” que no identifica, para obligar a unas “plataformas usuarias” que tampoco define y que, por la amplitud de la expresión “interpretaciones o ejecuciones fijadas”, alcanzan también a los servicios audiovisuales. En este contexto, lo que básicamente se pide al Congreso es que firme un cheque en blanco cuyo importe se completará después, fuera del debate legislativo, lo que difícilmente supera un examen de reserva de ley. Sobre el punto de la reglamentación, la DINAPI ya advirtió en 2023 que reglamentar un cobro de este tipo en ese plazo no era viable, y el nuevo texto repite el mismo plazo.
Queda además sin respuesta el destino de la mayor parte de lo que se recaudaría, ya que lo que se escucha en Paraguay es mayoritariamente repertorio extranjero, cuyos titulares tienen derecho a trato nacional pero no integran la entidad local y, la ley vigente ordena repartir entre los propios representados lo que no pueda individualizarse al cabo de un año. El resultado previsible es que una porción considerable de lo cobrado en nombre de artistas de todo el mundo termine distribuida entre los socios de quien recauda, aunque en realidad podemos presumir razonablemente que el interés real de AIE Paraguay es quedarse con un porcentaje por el monolopio de la gestión de un derecho que es perfectamente gestionable de manera individual, como ya funciona en la actualidad.
La exposición de motivos parte de que la ley de 1998 quedó desfasada frente al entorno digital, pero el texto vigente resiste esa lectura mejor de lo que se supone, ya que la definición de comunicación pública del artículo 2° ya comprende la puesta de la obra al alcance del público “por cualquier medio o procedimiento”, y el artículo 27 menciona desde hace veintiocho años el acceso a sistemas electrónicos de recuperación de información, la transmisión punto a punto con inclusión del video a solicitud y, como cierre, cualquier forma de difusión conocida o por conocerse. Agregar un numeral que nombre a la puesta a disposición interactiva no amplía esa cobertura, y al atarla a “internet o redes digitales” incluso la vuelve menos neutral frente a la tecnología que venga después.
El cambio que sí tiene consecuencias es el del artículo 123, y ahí aparecen los problemas de fondo. Al declarar que la puesta a disposición es una especie de comunicación pública, el proyecto la deja atrapada en la excepción del propio artículo, que niega al intérprete el derecho exclusivo cuando su ejecución ya fue fijada en un fonograma publicado. El resultado es paradójico, porque el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF), que la fundamentación invoca como respaldo, obliga en su artículo 10 a reconocer a los artistas un derecho exclusivo de puesta a disposición y no uno de simple remuneración.
Tampoco se resuelve cómo convive la nueva remuneración con las que ya existen. El artículo 124 reconoce hoy al artista una remuneración equitativa por la comunicación pública del fonograma, que comparte por mitades con el productor, y el artículo 128 hace lo propio desde el lado del productor. Si el streaming pasa a ser comunicación pública, una plataforma podría recibir dos reclamos por el mismo acto, o bien el párrafo nuevo no agrega nada a lo que ya estaba. A esto se suma que el artículo 127 trata esa misma explotación como un derecho exclusivo del productor asimilado a la distribución, de modo que un único acto tendría dos naturalezas jurídicas según quién lo invoque, y que el texto propuesto elimina sin una palabra de explicación el párrafo final del artículo 123 actual, el que impide al intérprete oponerse a la comunicación de una grabación que consintió y que se publicó con fines comerciales.
La exposición de motivos equipara el streaming con la radio para justificar que el artista cobre de la plataforma como históricamente cobró del radiodifusor. La comparación no describe el negocio, ya que la radio hace un uso secundario de la grabación mientras que el streaming es hoy su explotación principal, la que ocupó el lugar de la venta de discos, y por eso se licencia mediante derechos exclusivos y se paga por contrato. El proyecto no modifica una sola regla de esos contratos y se limita a sumar un cobrador a una cadena que ya los tiene.
Se invocará el ejemplo de España, que incorporó una remuneración de gestión colectiva obligatoria, pero allí esa remuneración convive con un derecho exclusivo de puesta a disposición que el artista conserva o cede, cosa que aquí no ocurriría, y la experiencia regional resulta bastante más ilustrativa; Uruguay aprobó en 2022 una norma de inspiración similar y a fines de 2023 Spotify anunció su salida del país, decisión que revirtió solo después de que el gobierno aclarara por vía reglamentaria quién soportaba el costo, excluyendo expresamente la gestión colectiva obligatoria de dicho derecho. Frente al proyecto anterior la misma advertencia se escuchó respecto de Paraguay, un mercado bastante más pequeño y, que, si llegara a concretarse perderían los autores, los editores, los productores y los propios intérpretes nacionales que hoy cobran por esas reproducciones, además del público usuario.
El nombre de Luis Alberto del Paraná merece algo mejor que servir de carátula a un texto que la autoridad de aplicación ya consideró inviable en su versión anterior y que vuelve ahora sin porcentaje, sin base de cálculo y con un único beneficiario asegurado, quien amén de exponer sus intereses crematísticos, debiera actuar con honestidad intelectual al proponer cambios legislativos que pueden causar un enorme daño a la incipiente industrial musical paraguaya.
Finalmente, considero que a fin de evitar las consecuencias descritas en el presente ensayo, las siete comisiones que lo tienen en estudio actualmente deberían aconsejar su rechazo.


